¿Te imaginas vivir o trabajar en un edificio que no solo sea moderno y funcional, sino que también cuide el planeta y tu bolsillo?
Pues deja de imaginar, porque una nueva norma acaba de convertirse en realidad en Colombia.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha expedido la Resolución 0194 de 2025, un marco regulatorio ambicioso que redefine la construcción en el país, poniendo la sostenibilidad y el ahorro de recursos en el centro de la edificación de inmuebles públicos y privados.
¿Será este el inicio de una era dorada para el medio ambiente y los usuarios?
Esta innovadora resolución llega para reemplazar la Resolución 0549 de 2015, la cual ya había sentado las bases para la eficiencia en el consumo de agua y energía en diversos tipos de edificaciones. Sin embargo, la nueva normativa va un paso más allá, estableciendo porcentajes mínimos de ahorro que los constructores deberán alcanzar desde la fase de diseño hasta la ejecución de la obra.
Metas claras y ambiciosas
El corazón de la Resolución 0194 radica en la definición de ahorros mínimos obligatorios en el consumo de agua y energía. Pero, ¿Cómo se traducen estos porcentajes en la vida real? La norma establece que, mediante la implementación de medidas activas y pasivas en el diseño y la construcción, se buscará una reducción en el consumo energético de entre el 5% y el 20%, y un ahorro de agua que oscile entre el 15% y el 30%.
Estas cifras varían según el tipo de edificación y la zona climática, lo que demuestra una comprensión profunda de las particularidades del territorio colombiano.
Vivienda para todos con sello verde
Una de las novedades más destacadas de esta resolución es la obligatoriedad de cumplir metas mínimas de ahorro en los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
Esto significa que las familias de menores ingresos también se beneficiarán de construcciones más eficientes, lo que se traducirá en facturas de servicios públicos más bajas y una mejor calidad de vida.
Más estrategias, más ahorro
La nueva normativa no solo establece metas, sino que también amplía el catálogo de estrategias de sostenibilidad costo-eficientes que los constructores pueden implementar. Desde el uso de materiales con baja huella de carbono hasta la instalación de sistemas de recolección de aguas lluvias y paneles solares, las opciones son diversas y adaptadas a diferentes presupuestos.
Para garantizar que esta normativa no se quede en letra muerta, se ha incorporado un mecanismo de seguimiento y control a nivel local. Esto permitirá verificar el cumplimiento de las metas de ahorro establecidas en cada proyecto.
