Ecopetrol, la principal petrolera de Colombia, destinó 5,875 millones de dólares a la firma estadounidense Covington & Burling LLP para evaluar el impacto de las investigaciones contra su presidente, Ricardo Roa, en Estados Unidos. La operación, bautizada inicialmente como ‘Casita’, incluye el análisis de chats, correos y documentos relacionados con la compra de un apartamento, presuntos conflictos de intereses y la campaña presidencial de 2022.
Este artículo revela los detalles de esta millonaria contratación y su trasfondo.
Un contrato millonario bajo la lupa
En diciembre de 2024, la junta directiva de Ecopetrol aprobó un contrato con Covington & Burling LLP, una firma reconocida por su experiencia en casos de cuello blanco y cumplimiento corporativo.
Inicialmente presupuestado en 875,000 dólares, el costo se disparó a 5,875 millones, según un memorando exclusivo al que tuvo acceso EL TIEMPO.
La misión
investigar el impacto de las acusaciones contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y otras autoridades estadounidenses.
El contrato, firmado por Alberto Vergara, director corporativo de cumplimiento, responde a la necesidad de cumplir con normativas internacionales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y los estándares de la SEC, dado que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Sin embargo, el aumento de casi siete veces en el valor del contrato ha generado preguntas sobre su justificación y los avances de la investigación.
‘Operación casita’ y líneas de investigación
La investigación, conocida internamente como ‘Operación Casita’, abarca cinco líneas de trabajo con nombres como ‘Bengala’, ‘Venice’ y ‘Mist’. Estas indagan aspectos sensibles de la gestión de Roa, incluyendo: –
Compra de un Apartamento de Lujo EL TIEMPO reveló que Roa adquirió un apartamento en Bogotá ligado a una firma en un paraíso fiscal, propiedad del petrolero Serafino Iacono. Covington & Burling analiza posibles nexos con el interés de Ecopetrol en el bloque Sinú 9, en Córdoba, presuntamente vinculado a Iacono.
Campaña Petro 2022
El Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga a Roa, exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, por presuntas violaciones de topes electorales superiores a 5,300 millones de pesos.
La Fiscalía también explora posibles fuentes ilegales de financiación.
Negocios con Termomorichal
La adquisición de las plantas Termomorichal I y II, operadas por una empresa vinculada al fallecido empresario William Vélez, es otro foco.
Vélez, exjefe de Roa, empleó a la pareja de este, Julián Caicedo, lo que genera sospechas de conflicto de intereses.
Relaciones con Urrá
Covington & Burling examina contratos en la hidroeléctrica Urrá, denunciados por el exministro Ricardo Bonilla, y la relación de Roa con Marisol Segura, accionista de empresas beneficiadas.
Nombramientos en Ecopetrol
Se investiga la supuesta influencia de Caicedo en designaciones clave dentro del grupo Ecopetrol, algo que Roa ha negado.
La actuación de la junta directiva
La decisión de contratar a Covington & Burling se tomó en una reunión del 26 de julio de 2024, sin la presencia de Roa. La junta, entonces conformada por figuras como Gonzalo Hernández, Álvaro Torres y Ángela María Robledo, delegó la supervisión del contrato a Vergara. La firma realizó 35 entrevistas en Bogotá, recopilando pantallazos de chats, correos y documentos. Sin embargo, el hermetismo rodea los avances, y los nuevos miembros de la junta podrían desconocer detalles del proyecto.
Reacciones y respaldo a Roa
A pesar de las indagaciones, Roa ha negado irregularidades en su gestión, la campaña Petro y la compra del apartamento.
Fuentes internas de Ecopetrol señalan nerviosismo por la percepción en EE. UU. y los resultados financieros en rojo de la empresa.
Un informe previo de Control Risks ya había alertado sobre riesgos reputacionales, lo que motivó la contratación de Covington & Burling tras descartar a Miller & Chevalier, que había iniciado contactos con la SEC.
¿Austeridad o secretos?
El cambio de Miller & Chevalier (que cobraba 1,75 millones de dólares) por Covington & Burling, inicialmente más económica, se justificó por “austeridad”.
Sin embargo, el aumento del contrato a 5,875 millones de dólares ha levantado sospechas. Ecopetrol calificó el tema como “confidencial” y advirtió sobre sanciones por divulgar información sin autorización, según un comunicado oficial a EL TIEMPO.
Un futuro incierto
La investigación de Covington & Burling busca determinar si las acusaciones contra Roa podrían derivar en sanciones de la SEC o afectar la reputación de Ecopetrol en los mercados internacionales. Aunque la firma considera improbable una indagación formal por la FCPA, no descarta que la SEC examine los controles internos de la petrolera. Mientras tanto, Colombia espera respuestas sobre el uso de estos millonarios recursos y los resultados de una investigación que partió de denuncias periodísticas y no de los controles internos de Ecopetrol.
Fuente: EL TIEMPO, 24 de mayo de 2025, actualizado el 24 de mayo de 2025. Unidad Investigativa
