A la fecha, 165 mujeres condenadas en todo el país por hurto o tráfico de estupefacientes han remplazado su pena de prisión por la prestación de servicios comunitarios, accediendo así a los beneficios ofrecidos por la ley 2292 de 2023 de Utilidad Pública.
La mayoría de ellas se encuentra en libertad, cumpliendo con el servicio comunitario establecido por los jueces. Dieciséis ya pagaron la totalidad de su pena, de acuerdo con el reporte entregado por el Centro de Monitoreo de la Ley de Utilidad Pública del Ministerio de Justicia.
El Gobierno Nacional dispone además de 2.549 cupos para que mujeres cuya condena no supere los ocho años que –diferente a los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes–, sean madres cabeza de hogar en condiciones de marginalidad y soliciten ante los jueces de ejecución de penas la sustitución punitiva.
Las plazas disponibles han sido gestionadas a través de alianzas con 30 entidades públicas, entre ellas alcaldías, gobernaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, según un informe del Ministerio de Justicia.
El ministerio de Justicia destaca que, en estos casos, la tasa de reincidencia ha sido del 0%. Santander es el departamento con mayor avance en la aplicación de la medida, con más de 13 mujeres realizando labores de utilidad pública.
Según cifras del sistema penitenciario, aproximadamente 4.500 de las casi 20.000 mujeres privadas de la libertad en el país pueden optar por esta modalidad de cumplimiento de la pena.
