La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe, por la jueza Sandra Liliana Heredia.
El ente de control señala «yerros probatorios» en el fallo por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en un caso que continúa generando controversia en Colombia.
Un fallo bajo la lupa del Ministerio Público
La Procuraduría, a través de un documento de 81 páginas firmado por el procurador Bladimir Cuadro, argumenta que la sentencia de primera instancia contra Álvaro Uribe presenta errores en la valoración de pruebas.
Según el ente, no hay evidencia suficiente que demuestre que el expresidente ordenó al abogado Diego Cadena ofrecer dádivas a presos en 2018 para desvincularlo de la creación de un grupo paramilitar en Antioquia durante los años 90.
Este caso, uno de los más relevantes en la historia reciente de Colombia, involucra al exmandatario en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, aunque fue absuelto del delito de soborno en el mismo fallo.
Los cuestionamientos a la jueza Heredia
El procurador Cuadro criticó la interpretación de la jueza Sandra Liliana Heredia, especialmente en torno a una llamada telefónica en la que Uribe dice: “Proceda, doctor Diego, que usted todo lo hace bien”.
Para la Procuraduría, esta conversación no prueba una relación de subordinación ni un acto delictivo, ya que carece de un contexto claro que lo vincule a un soborno.
Además, el ente sostiene que las interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena, usadas como prueba por la jueza, deberían descartarse por estar protegidas por el secreto profesional entre abogado y cliente, incluso si no había un poder formalizado.
La defensa de Uribe y el plazo para apelar
El abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, tiene hasta el 13 de agosto de 2025 para presentar la apelación de la condena.
Granados ha insistido en la inocencia de su cliente, argumentando que Uribe no tuvo conocimiento de los pagos realizados por Cadena a testigos, descritos por la defensa como “aportes humanitarios”.
La Procuraduría respalda esta postura, señalando que la jueza Heredia desestimó sin justificación la declaración de Uribe sobre su desconocimiento de las gestiones de Cadena.
Testigos y pruebas en entredicho
El caso ha girado en torno a testigos clave como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. La Procuraduría cuestionó la valoración de sus testimonios, argumentando que hubo “una cadena de desaciertos” en su análisis.
Según el ente, la jueza no consideró adecuadamente las circunstancias en las que se realizaron los pagos a Vélez, que la defensa asegura fueron posteriores al conocimiento de Uribe y no parte de un plan orquestado por él.
El papel del Tribunal Superior de Bogotá
Los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, serán los encargados de revisar el fallo.
Su tarea será determinar si las pruebas presentadas por la Fiscalía y avaladas por Heredia son suficientes para sostener la condena o si, como argumenta la Procuraduría, los errores en la valoración probatoria justifican la absolución de Uribe.
Un caso que divide al país
El proceso contra Álvaro Uribe, iniciado hace siete años por la Corte Suprema de Justicia cuando aún era senador, sigue siendo un tema polarizante en Colombia. La decisión del Tribunal Superior no solo definirá el futuro legal del expresidente, sino que también podría sentar un precedente en la lucha contra la impunidad en casos de alto perfil.
La intervención de la Procuraduría pone en jaque la condena contra Álvaro Uribe, cuestionando la solidez de las pruebas y la interpretación judicial del caso.
Mientras el Tribunal Superior de Bogotá analiza el recurso, el país permanece atento a un fallo que podría cambiar el rumbo de uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años.
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