Entre enero y junio del 2025 en Colombia hubo 1.834 eventos de conflictividad social, de acuerdo con el más reciente informe en la materia de la
Defensoría del Pueblo, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 1.730 conflictos. El reporte da cuenta de que lo ocurrido tuvo lugar en 395 municipios, de los 32 departamentos del territorio nacional, y la capital colombiana.
El reporte elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad indica que estos hechos ocurrieron con mayor frecuencia en Bogotá (12%); Valle del Cauca y Bolívar (6% cada uno); Atlántico, Santander, Antioquia y Magdalena (5% cada uno); Huila, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Tolima y La Guajira (4% cada uno). Los demás departamentos del país concentraron una participación de entre el 1% y el 3% de los eventos en cada uno de ellos.
Es importante destacar que los departamentos donde se observaron mayores incrementos fueron Amazonas (100%), Putumayo (100%), Risaralda (63%), Nariño (55%), Quindío (45%) y Casanare (43%). Para el caso de Amazonas, se debió a conflictos por transporte, garantías para los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y recursos para el Cuerpo de Bomberos de Leticia. Respecto a Putumayo, su incremento se relacionó con la declaratoria de asamblea permanente de las diversas organizaciones del departamento ante lo que ellas consideraron abandono por parte del Estado.
Inconformidades de los manifestantes
Los mayores aumentos de un periodo a otro se observaron en conflictos por el incumplimiento del acuerdo para la finalización del conflicto armado, ya que se registraron movilizaciones de los firmantes de paz, quienes reclamaron garantías de seguridad y cumplimiento en la implementación de proyectos productivos para garantizar su reintegración.
Además, los actores sociales expresaron sus demandas por temas tributarios, por los derechos laborales, por el derecho fundamental a la educación, por los derechos de la población privada de la libertad, por falta de presencia e inversión estatal.
También por la garantía de los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad; estos reflejaron un aumento del 115%. Y ocurrieron debido a la grave crisis humanitaria que se vive en diferentes territorios del país a causa del accionar de los actores armados ilegales, a lo que se suman situaciones de inseguridad ciudadana que han cobrado la vida de personas y hechos de violencia política, como el reciente y lamentable atentando contra el senador Miguel Uribe Turbay.
Otra fuente de inconformidad reiterativa durante el primer semestre del año tuvo que ver con el derecho a la salud, cuyas situaciones se intensificaron a nivel nacional, pues se registró un incremento del 86% de los eventos respecto al primer semestre del 2024.
Los mecanismos más usados fueron los plantones (41%), los bloqueos o cortes de ruta (39%), las marchas o movilizaciones (6%), los paros o cese de actividades (2%), entre otros (corresponden al 12% restante). Esto permite concluir que la mayoría de las manifestaciones de conflictos sociales
en el país se expresa de manera pacífica; de hecho, el registro de disturbios o medidas violentas disminuyó para el periodo de análisis en un 36%.
La Defensoría del Pueblo recomienda al Gobierno Nacional y las autoridades territoriales a mantener abiertos los canales de diálogo con los diversos actores sociales. Asimismo, establecer mecanismos que permitan hacer un seguimiento riguroso y oportuno al cumplimiento de los acuerdos firmados con diferentes comunidades, actores y organizaciones sociales en distintas regiones del país.
Fuente: Defensoría del Pueblo.
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