En un vídeo difundido en redes sociales, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, del partido Centro Democrático, denunció que la Fiscalía General de la Nación, bajo órdenes de la fiscal Luz Adriana Camargo, interceptó sus comunicaciones telefónicas durante al menos 71 días.
Rendón califica estas «chuzadas» como un grave atentado contra la democracia, parte de un plan para removerlo del cargo y permitir al presidente Gustavo Petro nombrar un reemplazo afín de cara a las elecciones de 2026.
Las denuncias del gobernador Rendón
En su declaración pública, Rendón afirmó que las interceptaciones a su teléfono personal y a sus conversaciones como gobernador representan un abuso de poder y una instrumentalización de la justicia con fines ideológicos y electorales, «las escuchas a mi teléfono, a mis conversaciones como Gobernador de Antioquia, por orden de la Fiscal Camargo, son muy graves para la democracia», expresó el mandatario, el objetivo es espiar sus comunicaciones, invadir su intimidad y fabricar cargos en su contra basados en hechos de hace seis años, durante su alcaldía en Rionegro (2016-2019).
Rendón cuestionó directamente a la fiscal Camargo por afirmar en una rueda de prensa en Medellín que ya existe una imputación en su contra, cuando esta no ha ocurrido.
«¿Está hablando acaso con el deseo, señora fiscal? El plan ya está listo, pero les falta consumarlo», dijo, insinuando que se busca acelerar el proceso para suspenderlo y permitir a Petro «usurpar» su cargo con un «gobernador de bolsillo».
Además, denunció que las interceptaciones también afectan a algunos de sus colaboradores, lo que considera un exceso para investigar hechos antiguos sin evidencia de daño patrimonial.
Detalles de la investigación de la Fiscalía
La Fiscalía interceptó el teléfono de Rendón desde el 14 de mayo hasta el 23 de julio de 2025, un total de 71 días, en el marco de una indagación por presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.
El caso se centra en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) en Rionegro, con contratos por alrededor de 1.270 millones de pesos. Según documentos judiciales, la entidad buscaba determinar si las comunicaciones aludían a estos hechos, y las interceptaciones fueron autorizadas por tres órdenes judiciales, la última el 27 de mayo de 2025.
La investigación fue reactivada tras una denuncia de una veeduría ciudadana y, según Rendón, impulsada por opositores políticos como Luis Pérez.
Inicialmente, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá se opuso a legalizar las interceptaciones, argumentando que no eran justificadas tras seis años de los hechos.
Sin embargo, esta decisión fue revocada en segunda instancia por los magistrados Yaneth Liliana Martínez y Alexandra Ossa.
La Policía Nacional ha negado las acusaciones, afirmando que recibió las estaciones de policía construidas.
Hasta el momento, no hay respuesta oficial de la fiscal Camargo a las recientes denuncias de Rendón, aunque en junio de 2025 aseguró que la investigación es parte de actividades ordinarias y que se formuló una imputación, lo que Rendón niega y ha usado para recusarla.
Reacciones políticas y contexto
El partido Centro Democrático salió en defensa de Rendón, rechazando las interceptaciones como un «intento para amordazar a la oposición» y un uso indebido de instituciones para intimidar a críticos del gobierno Petro.
La colectividad destacó que Rendón fue referido erróneamente como «imputado» y «condenado» en documentos judiciales, y comparó el caso con tácticas vistas en Venezuela: impunidad para aliados del gobierno y cárcel para opositores.
En el contexto más amplio, Colombia enfrenta vulnerabilidades en el estado de derecho, ocupando el puesto 91 de 142 países en el índice 2024 del World Justice Project. Casos históricos como las chuzadas del DAS bajo administraciones anteriores ilustran cómo influencias ejecutivas pueden afectar la justicia.
Rendón vinculó su situación a otros escándalos, como el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde acusa complicidad con prófugos cercanos a Petro, como Carlos Ramón González, exguerrillero del M-19 protegido en Nicaragua.
Implicaciones para la democracia colombiana
Este escándalo resalta tensiones entre el gobierno nacional y líderes regionales opositores, especialmente en Antioquia, una región clave para las elecciones de 2026.
Rendón enfatizó que construir centros de atención para la seguridad comunitaria no es un delito, y advirtió que el «libreto venezolano» se aplica en Colombia: «Impunidad al gobierno Petro y cárcel a los opositores».
Expertos advierten que tales prácticas podrían erosionar la confianza en las instituciones, recordando escándalos pasados.
Mientras la Fiscalía no ha emitido una respuesta formal a las acusaciones de hoy, el caso continúa en etapa de investigación, con posibles implicaciones para la independencia judicial en el país.
Por: Ricardo Collazos.
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