Elder Aponte Tumay, nacido en 1977 en San Luis de Palenque (Casanare), fue asesinado y desaparecido el 17 de julio de 2006 en la vereda El Tablón de Támara por integrantes del Ejército Nacional. Su muerte fue presentada ilegítimamente como baja en combate, dentro de un patrón criminal que involucró a antiguos integrantes de la Brigada XVI, agentes estatales y terceros civiles. 19 años después, gracias a la labor conjunta de diferentes entidades del Estado, su familia pudo recibir su cuerpo dignamente.
Aponte, de 28 años, era un campesino trabajador, amante del llano, del fútbol y de la poesía. La noche del 16 de julio de 2006 estuvo en el casco urbano de Trinidad jugando billar. Ese día fue engañado por integrantes del Gaula Militar de la Brigada XVI, quienes se ganaron su confianza y lo sacaron del lugar sin que opusiera resistencia. Como señaló su tía Astrid Tumay, Elder creía que todo el mundo era bueno como él y nunca pudo imaginar que algo malo le iba a ocurrir. Al día siguiente, su cuerpo fue registrado oficialmente como el de un guerrillero muerto en combate.
Durante años, la familia enfrentó la estigmatización y los rumores que lo señalaron falsamente como guerrillero. Lo más desconcertante para ellos fue el silencio repentino: De un día para otro, Elder dejó de comunicarse, algo inusual en él. Como recuerda su hermana Ceila, él llamaba con frecuencia para saber cómo estaba su madre y estar pendiente de la casa. A ese vacío se sumaron versiones infundadas: Que seguía vivo, que se había ido con la guerrilla, que lo habían visto en distintos lugares, y cada rumor agravó el sufrimiento y la estigmatización en contra de su madre, su tía, su hermana y de toda la familia.
Pese a esa carga, nunca renunciaron a la búsqueda de la verdad: Indagaron con autoridades locales, hablaron con vecinos y reconstruyeron trayectos. Años más tarde, la Fiscalía 121 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de Villavicencio reactivó la investigación tras la confesión de un soldado que reveló que el supuesto combate de Támara había sido un montaje. La fiscal Luz Margaret Salguero revisó expedientes archivados por la justicia penal militar y halló que la muerte de Elder figuraba cerrada sin una indagación real. Con los datos aportados por la familia —en especial por su tía Astrid, cuya persistencia reunió información clave—, la Fiscalía contrastó versiones y recabó testimonios que desmintieron la versión oficial.
Según ese testimonio, Elder fue engañado con alcohol para reducir sus posibilidades de defensa y luego trasladado al lugar donde sería ejecutado. Esta descripción encajó con un patrón sistemático documentado en Casanare: Integrantes de la Brigada XVI señalaban a civiles con base en supuestas labores de inteligencia, los cooptaban mediante engaños y posteriormente los presentaban como bajas en combate a cambio de premios, permisos y ascensos. La coincidencia entre el relato del soldado y la evidencia recabada permitió desmontar la narrativa de combate y avanzar en el esclarecimiento. “El caso de Elder Aponte Tumay es emblemático: Desmonta la versión de combate y revela retención, señalamiento falso y estigmatización familiar”, destacó el magistrado Óscar Parra, correlator del Subcaso Casanare del Caso 03 que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas en combate por exintegrantes de la fuerza pública.
El 17 de julio de 2006, en Yopal, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó la necropsia a un cuerpo no identificado que presentaba cinco impactos de bala —la mayoría por la espalda— y fue registrado con prendas civiles junto a armamento supuestamente incautado. Quedaron aseguradas tres evidencias clave: Huellas dactilares (necrodactilia), carta dental y una muestra ósea para eventual análisis genético.
En 2011, el cotejo de huellas con la Registraduría le dio un nombre al cuerpo de Elder Aponte Tumay; más adelante, con muestras biológicas de su madre y su hermana, el laboratorio comparó el ADN del fragmento óseo y confirmó la identidad sin margen de duda. Aunque se conocía que el cuerpo podía ser el de Elder desde 2011, el caso permaneció congelado en la justicia militar, que durante años dio credibilidad absoluta a la versión del supuesto combate de los militares e impidió que la justicia ordinaria avanzara.
La perseverancia de la familia, sumada al trabajo coordinado entre la JEP, la Fiscalía, Medicina Legal y la UBPD, rompió esa impunidad institucional. Finalmente quedó desmontada la coartada del enfrentamiento: Elder Aponte Tumay no murió en combate, fue asesinado y desaparecido para ocultar el crimen.
El 5 de septiembre de 2025, tras 19 años de incertidumbre, la familia de Elder recibió su cuerpo en un acto de entrega digna celebrado en Pore, con presencia de todas las entidades que contribuyeron al esclarecimiento.
“La Jurisdicción Especial para la Paz es consciente del daño que la desaparición forzada causa en los seres queridos. Han transcurrido años desde que se causó la muerte y se desapareció a Elder, y el Estado tiene responsabilidad no solo por el daño causado —porque fueron agentes del Estado quienes lo asesinaron y lo desaparecieron—, sino también por la demora en esclarecer esos hechos y en entregar sus restos. Por ello, en nombre del Estado y como magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, nos disculpamos. Porque solo hoy, al devolver el cuerpo de esta víctima a sus seres queridos, pueden hacer su duelo y cerrar el dolor que han sentido todos estos años por no saber dónde estaba ni qué pasó”, afirmó la magistrada Sandra Castro, de la Subsala Casanare en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Castro.
Por su parte, Claudia Erazo, subsecretaria ejecutiva de la JEP, señaló: “Venimos a honrar la vida y la memoria de él, presente en sus afectos más íntimos y en la historia compartida de una comunidad que no olvida. La desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos. No solo implica la privación ilegal de la libertad y el ocultamiento de una persona, también hiere a sus familias, a su comunidad y a la sociedad en su conjunto.”
En representación de la UBPD, el director regional Wilson Chavarro reconoció la fortaleza de los Aponte Tumay: “Es gracias, y solo gracias a la persistencia que ustedes han tenido que se ha podido llegar hasta acá… la sociedad colombiana debe reconocer que, por acción, omisión o silencio, también contribuimos a que estas cosas sucedieran… por eso quiero pedirles perdón”.
Este gesto, acompañado de la entrega del cuerpo, tuvo un profundo significado restaurativo para la familia y para el país.
La tía de Elder, Astrid Tumay, tomó la palabra para compartir la travesía de casi dos décadas en busca de la verdad. “Fueron 19 años de incertidumbre… un dolor inmenso por todas las calumnias que se dijeron, pero hoy demostramos que todo eso no era cierto. Hoy cerramos un ciclo de dolor, aunque las heridas quedarán para siempre. Y pedimos que esta verdad sirva también para quienes siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos. Que nunca más una familia tenga que cargar con la difamación y la incertidumbre que nosotros vivimos”.
El caso de Elder refleja la violencia sistemática del conflicto armado en Colombia. La Sala de Reconocimiento de la JEP documentó 296 asesinatos y desapariciones forzadas entre 2005 y 2008 en Casanare, de los cuales, 55 víctimas aún no han sido identificadas. “No fueron manzanas podridas ni hechos aislados; fueron crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de una política de ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Esto tampoco fue algo improvisado: hubo planeación, ejecución y encubrimiento, en los que pudieron haber participado más de 500 personas asociadas con la Brigada XVI”, afirmó el magistrado Óscar Javier Parra Vera, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad.
En Casanare, unidades —en especial el Gaula Militar de la Brigada XVI— causaron la muerte a civiles inocentes para presentarlos falsamente como bajas en combate, bajo fuertes presiones para obtener resultados. Se ofrecieron incentivos como permisos e incorporaciones a unidades élite. “Incluso se desviaron recursos públicos —alrededor de 140 millones de pesos de la época— para adquirir armas y fabricar escenarios falsos que encubrieran los asesinatos”, precisó el magistrado Parra.
Frente a esta realidad, la JEP adelanta un trabajo riguroso para esclarecer la verdad y garantizar la no repetición. En el Subcaso Casanare, la Sala de Reconocimiento concentra sus esfuerzos en 25 máximos responsables identificados y ha documentado más de 300 víctimas de estos asesinatos. A su vez, la Subsala Casanare de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP instaló una mesa interinstitucional en la que participan la Fiscalía, Medicina Legal y UBPD. El propósito de esta mesa es que los cuerpos identificados tras años de investigaciones iniciadas por la Fiscalía —en las que comparecientes reconocen su responsabilidad y aportan verdad ante la JEP— puedan ser entregados a sus familias para cesar el dolor que genera la desaparición forzada.
Entre octubre y noviembre de 2025 la Subsala Casanare de la Sala de Definición de la JEP realizará una audiencia en Yopal, en la que la familia de Elder y otras víctimas podrán formular directamente sus preguntas y exigencias de verdad a los comparecientes. Esta audiencia permitirá conocer más detalles sobre quiénes y cómo perpetraron estos crímenes e incidir en los compromisos de reparación y no repetición que deberán asumir los responsables.
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