En un fallo que sacude al Gobierno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena la suspensión provisional del nombramiento de Juan Carlos Florián Silva como ministro de la Igualdad, mientras analiza una demanda que alega violación a la Ley de Cuotas para mujeres en cargos públicos.
Hoy, 15 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una medida cautelar que paraliza temporalmente los efectos del Decreto 0892 del 11 de agosto, mediante el cual el presidente Gustavo Petro designó a Juan Carlos Florián Silva en el cargo de ministro de Igualdad y Equidad.
La decisión responde a una demanda presentada por el abogado Juan Manuel López Molina, quien argumenta que este nombramiento desequilibra el gabinete al no cumplir con el mínimo del 50% de participación femenina exigido por la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000 y modificaciones posteriores.
Actualmente, el gabinete cuenta con 9 ministras (47,37%) y 10 ministros (52,63%), por lo que clasificar a Florián como hombre rompería la paridad.
Aunque el Gobierno defiende la designación argumentando que Florián se identifica como una persona de género fluido y no binaria —incluso solicitando ser llamado «ministra»—, el tribunal prioriza el análisis formal de la norma mientras estudia el fondo del caso.
La Presidencia, a través de su oficina jurídica, insiste en que esta suspensión negaría derechos fundamentales a la identidad de género de Florián, un activista LGBTQ+ y politólogo con trayectoria en derechos humanos.
Este escándalo reaviva el debate sobre la aplicación de la Ley de Cuotas en contextos de identidades no binarias y podría impactar la estabilidad del Ministerio de Igualdad, creado para promover equidad de género.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha señalado que con el reciente nombramiento de Gloria Patricia Perdomo en MinTIC, la cuota se cumpliría, pero el fallo provisional deja a Florián separado del cargo hasta nueva orden.
¿Qué sigue?
El tribunal notificó a la Presidencia, el DAPRE y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para que presenten argumentos.
Este caso podría sentar precedente en Colombia sobre inclusión de género en la administración pública.
Por: Ricardo Collazos.
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