Colombia dio un paso decisivo en la implementación de su política de drogas al validar la propuesta de un Modelo Nacional de Gestión Estratégica en Reducción de Riesgos y Daños, durante el ‘Taller nacional intersectorial e interinstitucional’ un espacio de trabajo colaborativo que reunió a autoridades nacionales y territoriales, sociedad civil, academia, comunidades y cooperación internacional.
Durante la instalación del evento, la ministra (e) Olga Claros Osorio destacó que “la nueva Política Nacional de Drogas ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’ ha dado un giro necesario y valiente que deja de lado una visión eminentemente punitiva, para abordar realidades sociales como la del consumo y reconocer como actores las y los usuarios de sustancias psicoactivas y sus familias». Asimismo, subrayó que “se adopta una mirada integral, la cual reconoce que detrás del consumo hay historias, contextos, desigualdades, pero, sobre todo, hay personas que merecen ser tratadas con dignidad, empatía y políticas públicas basadas en la evidencia».
Por su parte, la directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, Marcela Tovar Thomas, afirmó que “la Política Nacional de Drogas 2023–2033 nos marca un punto de inflexión. Por primera vez, el país reconoce la reducción de riesgos y daños no como un asunto añadido, sino como un componente estructural de la respuesta estatal frente al consumo de sustancias psicoactivas, la exclusión social y la vulnerabilidad territorial».
El encuentro, que reunió a 67 representantes de distintos sectores, fue liderado por los ministerios de Justicia y del Derecho, Salud y Protección Social e Igualdad y Equidad con el apoyo del programa COPOLAD III, financiado por la Unión Europea.
Estuvieron en pleno los gobiernos municipales de Armenia, Pereira y Dosquebradas, así como las Gobernaciones de Quindío y Risaralda, acompañados de entidades nacionales, secretarías de salud, desarrollo social y gobierno, así como representantes de la sociedad civil organizada y de la cooperación.
La diversidad de voces enriqueció el debate y permitió avanzar hacia un modelo que responda a los desafíos institucionales y territoriales del país.
Incluyó exposiciones conceptuales, paneles de saberes situados, mesas técnicas por eje (sostenibilidad, derechos, gobernanza) y ejercicios de diseño participativo.
El objetivo central fue validar técnica, política y territorialmente la propuesta de Modelo Nacional de Gestión Estratégica para la Reducción de Riesgos y Daños, como herramienta estructural de la política pública.
Frente a la sostenibilidad se buscó asegurar continuidad presupuestal y dispositivos flexibles para contextos rurales y urbanos, priorizando alianzas comunitarias y corresponsabilidad institucional.
En lo referente al eje de derechos la apuesta fue por una atención culturalmente legítima, sin imponer abstinencia como requisito, con confidencialidad, participación vinculante y resguardo ético de las trayectorias de vida.
Y en relación con la gobernanza el objetivo fue establecer un mecanismo nacional de coordinación con trazabilidad institucional, tableros abiertos y participación efectiva de comunidades en la gestión del modelo.
Además, se acordó articular el modelo con los estándares internacionales de salud pública y derechos humanos, garantizando que la cooperación fortalezca capacidades locales sin sustituir la autonomía territorial.
Entre los compromisos alcanzados, se definió la creación del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Sustancias Psicoactivas, instancia de alto nivel derivada del Acuerdo de Paz que consolidará el mecanismo de gobernanza. Por decisión de los asistentes, este se denominará ‘Red de Gobernanza Participativa en Reducción de Riesgos y Daños’.
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