En un giro inesperado, el presidente Gustavo Petro ha convocado una consulta popular por decreto, argumentando que el Senado no se pronunció de manera definitiva sobre el concepto previo. Esta decisión, basada en el artículo 33c de la Ley 1757, ha generado un intenso debate jurídico y político, con expertos advirtiendo sobre posibles consecuencias legales, incluyendo prevaricato y abuso de función pública.
¿Qué sucedería si el decreto se emite? Analizamos las implicaciones.
1. El contexto: Petro y la Consulta Popular por Decreto
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, ha justificado su decisión de convocar una consulta popular por decreto presidencial, citando el artículo 33c de la Ley 1757 de 2015. Según Petro, el Senado no perfeccionó su voto sobre el concepto previo, lo que le permitiría, bajo esta interpretación, emitir el decreto sin necesidad de un aval favorable del legislativo.
El anuncio llega en medio de una crisis política, tras la negativa del Senado a aprobar la consulta popular con 49 votos en contra y 47 a favor.
Petro argumenta que el cierre del Congreso, sumado a un fallo judicial que ordenó una apelación no acatada, deja un vacío legal que justifica su acción.
Sin embargo, esta interpretación ha sido cuestionada por juristas y opositores.
2. ¿Qué dice la Ley 1757 y el artículo 33c?
La Ley 1757 de 2015 regula los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo consultas populares.
El artículo 33c establece que, si el Senado no emite un concepto positivo o negativo dentro de un mes después de presentada la consulta, el presidente puede emitir el decreto de convocatoria.
Petro sostiene que, dado que el Senado no tomó una decisión definitiva tras el fallo judicial, esta condición se cumple. Sin embargo, críticos argumentan que el voto del Senado fue claro y que ignorarlo sería un acto de arbitrariedad.
La imagen adjunta al tuit de Petro muestra la fecha de radicación de la consulta (3 de mayo de 2025) y el plazo legal para emitir el concepto (1 de junio de 2025), lo que refuerza su argumento. No obstante, el término se cuenta en días hábiles, lo que complica aún más la interpretación.
3. ¿Qué sucede al emitir el Decreto?
El presidente al emitir el decreto de consulta popular, podría tener varias consecuencias podrían derivarse:
Implicaciones legales:
Juristas como Alfonso Gómez Méndez han advertido que esta acción podría configurarse como prevaricato y abuso de función pública.
El prevaricato implica emitir una decisión arbitraria a sabiendas de su ilegalidad, y los ministros que firmen el decreto podrían enfrentar responsabilidades penales.
Crisis Constitucional:
Ignorar la decisión del Senado violaría el principio de separación de poderes, uno de los pilares del Estado de Derecho en Colombia.
Esto podría llevar a un enfrentamiento institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, con posibles acciones legales por parte de la Corte Constitucional.
Reacción política:
La oposición, ya crítica con el gobierno, podría intensificar sus protestas, y la opinión pública se dividiría.
Mientras que los simpatizantes de Petro verían la consulta como un triunfo de la democracia directa, los detractores la considerarían un golpe a la institucionalidad.
Impacto en las elecciones:
Con las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte, esta decisión podría polarizar aún más el panorama político, afectando la imagen de Petro y su gobierno.
4. Análisis jurídico: ¿Es viable el decreto?
El argumento de Petro se basa en una interpretación controvertida del artículo 33c.
Para que sea válido, debería demostrarse que el Senado no se pronunció de manera definitiva, lo que es discutible dado el voto registrado.
Además, el fallo judicial que ordenó la apelación no anuló la votación original, sino que buscaba garantizar el debido proceso.
Expertos en derecho constitucional señalan que el presidente no puede saltarse la voluntad del Senado, ya que esta es soberana.
Emitir el decreto sin un concepto favorable sería un acto de arbitrariedad, con posibles consecuencias legales para Petro y su gabinete.
5. Escenarios futuros: ¿Qué pasará después?
Si el decreto se emite, es probable que sea impugnado ante la Corte Constitucional, ssta instancia tendría la última palabra sobre su legalidad.
Mientras tanto, el gobierno podría enfrentar una parálisis en otras reformas, ya que la oposición podría usar esta crisis para bloquear iniciativas legislativas.
Por otro lado, si Petro no emite el decreto, podría ser percibido como débil por sus seguidores, lo que afectaría su capital político.
En cualquier caso, la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo continuará escalando, con implicaciones a largo plazo para la gobernabilidad del país.
Conclusión:
La decisión de Petro de convocar una consulta popular por decreto es un movimiento arriesgado que pone en jaque la institucionalidad colombiana.
Si bien su argumento legal tiene cierta base, las consecuencias podrían ser graves, incluyendo responsabilidades penales para los ministros y una crisis constitucional sin precedentes.
El futuro de esta controversia dependerá de la reacción de la Corte Constitucional y de cómo la opinión pública perciba esta lucha de poderes.
Por: Ricardo Collazos.
