La Corte Constitucional de Colombia admitió una demanda contra la Ley 2368 de 2024, que autoriza la operación internacional del Aeropuerto El Alcaraván de Yopal.
Sin embargo, el demandante cometió un error al citar una ley equivocada, lo que obligó al tribunal a intervenir para corregir el proceso.
Este caso pone en vilo un proyecto clave para el desarrollo económico de Casanare.
Un proyecto clave para Casanare bajo escrutinio
La Ley 2368 de 2024, promulgada el 12 de julio de 2024 y publicada en el Diario Oficial No. 52815, marca un hito para el departamento de Casanare al autorizar la operación internacional del Aeropuerto El Alcaraván de Yopal (EYP) y establecer la Dirección Regional Oriente de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) en la ciudad.
Este proyecto promete impulsar el turismo, atraer inversión extranjera y generar empleo en la región.
Sin embargo, una demanda presentada por el representante del Meta Gabriel Ernesto Parrado Durán, del Pacto Histórico, amenaza con frenar su implementación al cuestionar su constitucionalidad por presuntas irregularidades en el proceso de votación.
Error Inicial:
Una demanda mal citada
El caso tomó un giro inesperado cuando se reveló que la demanda, presentada el 13 de agosto de 2024, apuntaba erróneamente a la «Ley 330 de 2023», que no existe en el contexto del aeropuerto y corresponde a una norma sobre temas distintos.
La Corte Constitucional, aplicando el principio de pro actione para priorizar el derecho sustantivo sobre formalidades, corrigió este error y determinó que la demanda se refiere a la Ley 2368 de 2024.
Este traspié ha generado críticas sobre la rigurosidad del demandante, pero no impidió que el tribunal admitiera la demanda (Expediente D-16138) para su revisión.
Alegatos del demandante:
Irregularidades en la votación
El núcleo de la demanda radica en supuestas fallas procedimentales durante la aprobación de la ley en la plenaria de la Cámara de Representantes el 5 de junio de 2024.
Parrado Durán sostiene que su solicitud de votación nominal y pública, exigida por el artículo 133 de la Constitución, fue ignorada.
En cambio, la ley habría sido aprobada mediante un voto ordinario por levantamiento de manos y golpes en los escritorios, sin evidencia clara de unanimidad ni registro individual de votos, contraviniendo normas como la Ley 1431 de 2011 según el demandante.
El demandante presentó pruebas como:
– Correos electrónicos relacionados con la sesión.
– Actas de la plenaria del 5 de junio de 2024.
– Un video de la sesión disponible en YouTube, que mostraría el procedimiento de votación.
– Certificaciones legislativas que, según él, no documentan adecuadamente el quórum ni las mayorías requeridas.
Estos elementos buscan demostrar que el proceso de aprobación careció de transparencia y violó principios constitucionales como el debido proceso (artículo 29) y la supremacía de la Constitución (artículo 4).
Procedimiento legal en curso
La Corte Constitucional admitió la demanda el 9 de julio de 2025, tras verificar que cumple con los requisitos procesales.
Entre las medidas tomadas, el tribunal:
– Ordenó recopilar registros legislativos y certificaciones del Senado y la Cámara para verificar el proceso de votación, quórum y mayorías (párrafos 7-8 del auto).
– Invitó a entidades como universidades, asociaciones (ANATO y ATAC) y organismos gubernamentales a presentar conceptos técnicos en un plazo de 10 días.
– Notificó a la Procuradora General de la Nación y al Presidente del Congreso para que entreguen sus posiciones en 30 y 10 días, respectivamente
El caso permanece en trámite, sin una decisión final sobre la constitucionalidad de la ley.
La corte ha fijado el expediente en lista desde el 9 de julio de 2025, permitiendo intervenciones ciudadanas que podrían influir en el fallo.
Reacciones y expectativas en Casanare
La admisión de la demanda ha generado incertidumbre en Casanare, donde la ley es vista como un logro histórico.
Autoridades locales, como el gobernador César Ortiz Zorro y el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, se espera que intervengan en defensa de la ley, destacando sus beneficios económicos.
Representantes al Congreso por Casanare, como el senador Josué Alirio Barrera (autor de la ley) y la senadora Sonia Bernal, la senadora enfrenta presión para priorizar los intereses regionales, especialmente porque el demandante pertenece a su mismo partido, el Pacto Histórico.
Por su parte, los representantes Hugo Alfonso Archila y Edinson Vladimir Olaya Mancipe, también de Casanare, han sido instados a respaldar públicamente la constitucionalidad de la ley.
Según reportes locales, existe preocupación de que, a casi un año de su promulgación, la ley pueda quedar como «letra muerta» sin una implementación efectiva Casanare.
¿Qué se ha hecho?
Para evitar esto, Se ha constituido una veeduría para hacerle seguimiento al proceso.
El Concejo de Yopal creó una Comisión Accidental para dar seguimiento a la ejecución de la ley
Implicaciones y perspectivas
La demanda contra la Ley 2368 de 2024 pone en juego el equilibrio entre la rigurosidad procedimental y los derechos sustantivos de una región que busca desarrollo.
La corrección del número de la ley por parte de la Corte asegura que el proceso avance, pero la controversia sobre la votación y las posibles motivaciones políticas detrás de la demanda añaden incertidumbre.
El fallo final determinará si Yopal puede consolidar su posición como un nuevo hub internacional o si enfrentará retrasos que afecten su crecimiento económico.
Por: Ricardo Collazos.
