En un fallo de primera instancia emitido este lunes, la Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado por 14 años al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por inscribir irregularmente su candidatura y posesionarse en el cargo pese a estar inhabilitado.
Esta decisión, que se suma a un proceso paralelo en el Consejo de Estado, pone en riesgo la continuidad del mandato del burgomaestre de origen ruso, quien ha calificado el proceso como una persecución política.
A continuación, detallamos el contexto y las salidas jurídicas que le quedan al alcalde
Contexto del caso: De profesor universitario a Alcalde inhabilitado
Mikhail Krasnov, un ciudadano ruso nacionalizado colombiano y exprofesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), fue elegido alcalde de Tunja en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, con el respaldo del partido La Fuerza de la Paz, liderado por Roy Barreras.
Krasnov asumió el cargo el 1 de enero de 2024 para el periodo 2024-2027, sin embargo, su trayectoria se vio empañada por denuncias sobre una posible violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la legislación colombiana.
El conflicto surgió a raíz de un contrato de prestación de servicios que Krasnov firmó con la UPTC entre el 6 y el 30 de diciembre de 2022, por un valor de $8.129.040.
En este acuerdo, el ahora alcalde se comprometió a capacitar estudiantes del grupo de investigación Soecom, revisando documentos y redactando artículos científicos en inglés y alemán.
Según la ley colombiana, específicamente el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, los candidatos a cargos públicos no pueden tener contratos con entidades estatales en el mismo territorio durante los 12 meses previos a la elección, lo que generó su inhabilidad.
Este caso no es aislado; se compara con el de Tulio Gómez, quien fue inhabilitado para aspirar a la Gobernación del Valle por razones similares.
Krasnov ha defendido su inocencia, argumentando que no se trata de corrupción sino de una persecución política, y ha continuado en funciones mientras avanzan los procesos judiciales.
Razones de la destitución: Un fallo disciplinario grave
La Procuraduría clasificó la conducta de Krasnov como una falta grave cometida a título de dolo, es decir, con conocimiento de la irregularidad.
El ente de control determinó que el alcalde se inscribió como candidato y se posesionó pese a saber de su inhabilidad, violando normas que buscan garantizar la transparencia y la idoneidad en el ejercicio de cargos públicos.
Esta sanción incluye la destitución inmediata y una inhabilidad general por 14 años, lo que le impediría ocupar cualquier cargo público durante ese periodo.
Paralelamente, en marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Boyacá anuló la elección de Krasnov por las mismas razones, ordenando la cancelación de su credencial como alcalde.
Esta decisión se basó en que el contrato con la UPTC constituía una clara inhabilidad electoral, y rechazó excepciones presentadas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El proceso ha generado preocupaciones sobre la imagen institucional y posibles detrimentos patrimoniales al Estado por el ejercicio del cargo durante el litigio.
Salidas jurídicas restantes: Apelaciones y procesos pendientes
A pesar de la gravedad del fallo, Krasnov cuenta con varias opciones jurídicas para impugnar la decisión.
Como el dictamen de la Procuraduría es de primera instancia, el alcalde puede interponer un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular. Mientras se resuelve esta apelación, Krasnov podrá permanecer en su cargo, evitando una vacancia inmediata en la Alcaldía de Tunja.
Adicionalmente, el proceso electoral paralelo avanza en el Consejo de Estado, donde se revisa la apelación a la anulación dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
En julio de 2025, la Sección Quinta del Consejo rechazó una recusación contra los magistrados, permitiendo que el caso continúe.
Si el Consejo de Estado ratifica la anulación, se convocarían nuevas elecciones en Tunja. De lo contrario, podría revocarse la decisión inicial.
Expertos en derecho administrativo señalan que, en caso de agotar estas instancias, Krasnov podría recurrir a acciones de tutela o incluso a instancias internacionales si considera vulnerados sus derechos políticos.
Sin embargo, el panorama es incierto y podría prolongarse, afectando la gobernabilidad local.
Esta situación resalta la importancia de la vigilancia electoral en Colombia y podría sentar precedentes para futuros casos de inhabilidades.
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