En un nuevo capítulo de las tensiones que rodean la elección del próximo contralor departamental de Casanare, la Comisión de Ética de la Asamblea Departamental decidió, con dos votos en contra y uno a favor, negar la recusación presentada contra la diputada Luz Mery Niño Chaparro.
Esta decisión, tomada en el marco de un proceso salpicado por controversias, recusaciones y demandas, permite que la parlamentaria continúe participando en la selección del nuevo titular de la Contraloría Departamental para el periodo 2026-2029.
A continuación, desglosamos los detalles de este caso que mantiene en vilo a la opinión pública casanareña.
Un proceso bajo escrutinio
La elección del nuevo contralor departamental de Casanare ha estado marcada por múltiples irregularidades, según denuncias ciudadanas y revisiones de la Contraloría.
Un informe reciente de este organismo señaló fallos en la contratación de la Universidad de Cartagena para apoyar el proceso, incluyendo falta de transparencia en la publicación de documentos en plataformas como SECOP y SIA OBSERVA.
Estas anomalías han generado un ambiente de desconfianza, con recusaciones y demandas que han puesto en tela de juicio la imparcialidad de los deputados involucrados.
En este contexto, la recusación contra la diputada Luz Mery Niño, integrante del Partido Liberal Colombiano y ponente del Proyecto de Ordenanza N.° 005 de 2025, buscaba apartarla del proceso por presuntos conflictos de interés.
Sin embargo, la Comisión de Ética, en una votación ajustada, resolvió mantenerla en el procedimiento, desatando nuevas críticas y debates.
La decisión de la Comisión de Ética
Con dos votos en contra y uno a favor, la Comisión de Ética de la Asamblea Departamental de Casanare desestimó la recusación presentada contra Niño.
La solicitud, cuyo origen no ha sido precisado públicamente, argumentaba que la participación de la diputada podía comprometer la transparencia del proceso de selección del contralor.
No obstante, la mayoría de la Comisión consideró que no existían elementos suficientes para apartarla, permitiendo que continúe en las deliberaciones.
Esta decisión no estuvo exenta de controversia. Según fuentes cercanas, el voto favorable a la recusación reflejó preocupaciones sobre la percepción de imparcialidad en un proceso ya cuestionado. Sin embargo, la ausencia de un reglamento claro en el manejo de recusaciones, como ocurrió en casos similares con la diputada Marisela Duarte, ha generado críticas sobre la falta de protocolos definidos en la Asamblea.
Controversias y demandas en el horizonte
El proceso de elección del contralor no es el único frente de conflicto en la Asamblea Departamental.
Recientemente, el Tribunal Administrativo de Casanare admitió una demanda contra la elección de la Mesa Directiva para 2026, liderada por los deputados Henry Pérez, Luz Mery Niño y Juan Fernando Mancipe, por presuntas irregularidades, incluyendo el manejo indebido de una recusación colectiva presentada por la ciudadana Jennifer Barragán.
Esta acción judicial, impulsada por el diputado Heyder Silva, podría tener un «efecto dominó» sobre otros deputados si se comprueban violaciones al régimen de conflicto de intereses.
Además, el caso de la elección del secretario general de la Asamblea en 2024, donde la diputada Marisela Duarte votó en su propia recusación, resultó en la nulidad del proceso por parte del Tribunal Administrativo, estableciendo un precedente clave: los diputados no pueden participar en decisiones que los involucren directamente.
Este fallo podría influir en cómo se evalúan casos como el de Niño en el futuro.
Reacciones y expectativas
La decisión de la Comisión de Ética ha generado reacciones mixtas.
Por un lado, sectores afines a Luz Mery Niño destacan su trayectoria y compromiso con la transparencia, señalando que no existen pruebas concretas de conflicto de interés. Por otro lado, críticos como el diputado Heyder Silva insisten en que la falta de claridad en los procedimientos de la Asamblea erosiona la confianza ciudadana.
La diputada Niño, conocida por sus críticas a los horarios de las sesiones que limitan la participación ciudadana, enfrenta ahora el reto de mantener su imagen en un contexto de creciente escrutinio.
Mientras tanto, la Contraloría Departamental, bajo el liderazgo de Cipriano Castro, ha intensificado su vigilancia sobre los procesos de la Asamblea, convocando incluso al XVIII Seminario de Control Fiscal para empoderar a la ciudadanía en la supervisión de los recursos públicos.
Este organismo será clave para determinar si las irregularidades denunciadas derivan en sanciones disciplinarias o judiciales
¿Qué sigue para Casanare?
La decisión de la Comisión de Ética marca un nuevo capítulo en un proceso electoral que aún no concluye.
La elección del contralor departamental, un cargo crítico para la vigilancia de los recursos públicos, seguirá bajo la lupa de la ciudadanía y los órganos de control.
La Asamblea, por su parte, enfrenta el desafío de reformar su reglamento interno para evitar vacíos jurídicos que alimenten más controversias, como los señalados en casos anteriores.
El desenlace de este caso dependerá de las investigaciones en curso y de la capacidad de la Asamblea para recuperar la confianza ciudadana.
Por ahora, la absolución de Luz Mery Niño mantiene el statu quo, pero las demandas pendientes y las críticas al proceso sugieren que la controversia está lejos de resolverse.
Por: Ricardo Collazos.
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