El Juzgado Primero Administrativo de Yopal, levantó de manera definitiva la medida cautelar que protegía a los barrios subnormales Villa Rita y Cimarrón, ordenando la suspensión inmediata de servicios públicos como agua, alcantarillado, energía eléctrica y gas domiciliario.
La decisión, emitida el 10 de julio de 2025, responde al incumplimiento de la reubicación de 165 familias a la Urbanización Villa David, un proceso iniciado en 2009 para garantizar vivienda digna y seguridad.
En un fallo que marca un hito en el largo proceso judicial iniciado en 2006, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, liderado por el juez Roberto Vega Barrera, ha tomado una decisión contundente para abordar los problemas persistentes en los barrios subnormales Villa Rita y Cimarrón.
La providencia, emitida el 10 de julio de 2025, ordena la suspensión definitiva de los servicios públicos domiciliarios en estas zonas, como medida para materializar la reubicación de 165 familias a la Urbanización Villa David, un proyecto diseñado para ofrecer viviendas dignas con acceso a servicios básicos.
La acción popular, presentada por Marluz Gómez Criado, buscaba proteger los derechos colectivos de los habitantes de estos barrios, ubicados en áreas de alto riesgo cerca del aeropuerto de Yopal.
Desde 2009, el juzgado ordenó la reubicación de las familias, estableciendo un plazo de 24 meses para que la Alcaldía de Yopal, en conjunto con el Departamento de Casanare y otras entidades, ejecutara las obras necesarias. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del municipio, que invirtió recursos significativos en la construcción de Villa David, el proceso ha enfrentado resistencia por parte de algunos residentes.
Según el expediente, de las 165 familias identificadas, 135 han firmado actas de entrega de viviendas en Villa David, pero solo 55 han completado la escrituración.
Alarmantemente, 124 familias que recibieron viviendas nuevas continúan ocupando los predios en Villa Rita y Cimarrón, e incluso algunos han realizado negocios jurídicos como compraventas o arrendamientos, a pesar de las prohibiciones legales.
Este incumplimiento, junto con la ocupación ilegal de predios en Villa David por terceros, ha generado problemas de inseguridad, microtráfico y violencia en la zona.
El juez destacó que la permanencia de habitantes en estas áreas no solo viola las normativas de urbanización, sino que representa un riesgo para la seguridad y la salud pública debido a su cercanía al polígono de aproximación del aeropuerto.
Además, la Corte Constitucional, en su Sentencia de Unificación SU-016 de 2021, respaldó la necesidad de proteger el interés general y evitar el abuso del derecho por parte de quienes se resisten a la reubicación.
Medidas ordenadas por el Juzgado
El fallo establece medidas drásticas para garantizar el cumplimiento de la reubicación:
- Suspensión de servicios públicos: La Alcaldía de Yopal, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y la Empresa de Energía de Casanare deben suspender de inmediato el suministro de agua, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario y limpieza de pozos sépticos en Villa Rita y Cimarrón.
- Informe detallado: Las autoridades deben presentar un reporte soportado sobre el cumplimiento de estas órdenes.
- Prohibición de nuevos asentamientos: La Alcaldía debe intensificar la vigilancia y control urbanístico para evitar nuevas construcciones o ocupaciones ilegales.
Reacciones y contexto
La decisión ha generado controversia, ya que algunos habitantes argumentan que las viviendas en Villa David no cumplen con sus expectativas o necesidades.
Sin embargo, el juzgado subraya que las soluciones ofrecidas cumplen con los estándares de vivienda digna, incluyendo acceso a servicios públicos y vías adecuadas.
La resistencia de algunas familias, sumada a la falta de control territorial por parte del municipio, ha complicado la situación, llevando a un aumento de la inseguridad y conflictos sociales.
El proceso, que lleva casi dos décadas, refleja los desafíos de la urbanización ilegal en Yopal, un problema que afecta no solo a los residentes de Villa Rita y Cimarrón, sino también a la seguridad general del municipio.
La Alcaldía y las entidades involucradas enfrentan ahora el reto de implementar estas medidas en un contexto de tensiones sociales y limitaciones administrativas.
Por: Ricardo Collazos.
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