Guatemala ha emitido órdenes de captura contra Iván Velásquez, exjefe de la CICIG, y Luz Adriana Camargo, actual Fiscal General de Colombia, acusándolos de corrupción en el sonado caso Odebrecht.
Esta acción ha desatado una fuerte controversia y tensiones diplomáticas, con Colombia rechazando las acusaciones y cuestionando la credibilidad de la Fiscalía guatemalteca.
Un conflicto que resuena en la región
El 2 de junio de 2025, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, liderada por Rafael Curruchiche, ordenó la detención de Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano.
Los cargos incluyen asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, presuntamente relacionados con su labor en la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) y el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Colombia defiende a sus funcionarios
El gobierno colombiano ha reaccionado con un «enérgico rechazo», calificando las órdenes como «políticamente motivadas» y carentes de «sustento jurídico».
Iván Velásquez, por su parte, ha usado sus redes sociales para tachar a la Fiscalía guatemalteca de «corrupta», recordando que sus líderes han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea.
La situación resalta las profundas divisiones y los desafíos en la lucha contra la corrupción transnacional.
Credibilidad en duda y posibles implicaciones diplomáticas
La credibilidad de la FECI de Guatemala está bajo un intenso escrutinio, dada su historia de sanciones internacionales por interferir en investigaciones de corrupción.
Esta circunstancia lleva a cuestionar si las órdenes de captura son una estrategia política en lugar de una acción judicial imparcial.
El caso amenaza con tensar aún más las relaciones entre Guatemala y Colombia, y la solicitud de una alerta roja a Interpol podría generar nuevas fricciones internacionales, especialmente considerando la inmunidad diplomática de Velásquez.
Este incidente subraya cómo la política y la justicia se entrelazan en la compleja batalla contra la impunidad en América Latina, con consecuencias significativas para la cooperación internacional y las relaciones bilaterales.
Por: Ricardo Collazos.
