Álvaro Uribe Vélez, exmandatario colombiano, ha dado un paso audaz al renunciar a la prescripción de su proceso judicial por soborno a testigos y fraude procesal, una decisión que, según expertos, tiene profundas implicaciones jurídicas y políticas en vísperas de un año electoral crucial.
La renuncia de Álvaro Uribe Vélez a la prescripción del caso que lo investiga por soborno a testigos y fraude procesal ha sacudido el panorama político y judicial de Colombia.
Esta medida, anunciada tras la sentencia que lo condena a 12 años de prisión, genera un debate entre analistas que ven en ella desde una muestra de confianza en su inocencia hasta un hábil movimiento estratégico para desactivar a sus críticos.
Un movimiento jurídico con efectos políticos
La decisión del expresidente de renunciar a la prescripción, aunque poco común, es un derecho permitido por el Código Penal colombiano.
Según penalistas como Marlon Díaz y Francisco Bernate, este paso libera a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá de la presión de emitir un fallo apresurado, permitiendo un estudio exhaustivo de todas las pruebas presentadas, tal como lo solicitó la defensa de Uribe.
«Esta renuncia le da a la justicia la tranquilidad de fallar en derecho, conociendo, como el expresidente Uribe lo ha pedido, que se estudien todas las pruebas que se presentaron y que la juez no tuvo en cuenta», aseguró la exfiscal Viviane Morales.
Sin embargo, el movimiento no está exento de un alto contenido político, analistas coinciden en que, en pleno año preelectoral, esta jugada desarma la narrativa de sus contradictores que lo acusaban de dilatar el proceso para lograr la prescripción.
Para el penalista Fabio Humar, la pregunta es clara: «¿Qué van a decir ahora?».
Los diferentes puntos de vista
Mientras la defensa de Uribe y algunos de sus aliados lo califican como un acto de «grandeza» y un testimonio de lealtad a la justicia, sus críticos lo ven como un cálculo político.
Desde la defensa y aliados
Para el abogado Jaime Lombana, la renuncia es una muestra de la certeza en la inocencia del expresidente.
La exfiscal Morales agrega que es un «hecho ejemplar» que «se caen esas afirmaciones malintencionadas, según las cuales su defensa procuró dilatar el proceso».
Desde los críticos
El senador Iván Cepeda calificó la decisión como política y llamó a no darle «teatralidad» al asunto.
El penalista Miguel Ángel del Río, abogado del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, aseguró que es «un teatro» y un «cálculo político» para evitar que la decisión judicial afecte las próximas elecciones.
Del Río sostiene que la renuncia no tiene «ningún efecto práctico» ya que el Tribunal ya ha advertido que emitirá una decisión antes de que el caso prescriba.
El exfiscal general Mario Iguarán explica que la renuncia no hace el caso imprescriptible.
Si el Tribunal Superior no emite un fallo definitivo en un plazo de dos años desde que se hubiera consumado la prescripción, el caso podría prescribir de todas formas.
Sin embargo, Iguarán concluye que la medida «gana terreno simbólico» y «desactiva la narrativa de ‘jugar al reloj’», lo que es «políticamente conveniente para consolidar apoyo» de cara a la segunda instancia.
¿Qué sigue para el caso de Uribe?
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá la última palabra, es la siguiente parada en este mediático proceso.
La defensa de Uribe busca demostrar que la juez Sandra Liliana Heredia no valoró correctamente varias evidencias que, en su criterio, prueban la inocencia del exmandatario.
La renuncia a la prescripción ahora permite que la defensa se enfoque por completo en el fondo del caso, con la esperanza de revertir la condena en segunda instancia.
Por: Ricardo Collazos.
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