En una investigación que sacude los cimientos del gobierno, la Corte Suprema de Justicia ha revelado documentos clave que sugieren un conocimiento temprano por parte del Presidente sobre el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Este nuevo desarrollo, conocido a través de un expediente de casi 600 páginas, pone de manifiesto testimonios cruciales de exfuncionarios y evidencia documental que señala una «política» para obtener apoyo legislativo a cambio de favores presupuestales.
La información detalla cómo se coordinaban reuniones y se ofrecían beneficios a congresistas para asegurar la aprobación de las reformas sociales, lo que apunta a un esquema mucho más amplio y coordinado de lo que se había creído hasta ahora
El expediente que lo cambia todo:
Una red de corrupción en la UNGRD
El magistrado Misael Rodríguez, de la Corte Suprema de Justicia, ha solicitado una medida de aseguramiento para cinco congresistas implicados en el escándalo de la UNGRD: Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique.
El expediente, de casi 600 páginas, no solo detalla las pruebas en su contra, sino que también revela una compleja red de sobornos y favores políticos.
El análisis del periódico El Tiempo sobre estos documentos revela que varios funcionarios del alto gobierno eran conscientes de prácticas irregulares.
En el centro de esta trama se encuentra la figura de los «cupos indicativos», un mecanismo mediante el cual se manipulaban las partidas presupuestales para direccionar contratos hacia congresistas que, a cambio, votarían a favor de las reformas del gobierno.
Testimonios explosivos:
Velasco, Ortiz y los «cupos»
Las declaraciones de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, son un punto de inflexión en la investigación.
Ortiz aseguró que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dio una «directriz» para que los ministros «adoptaran» a un congresista, con el fin de asegurar su apoyo.
Esta declaración, sumada a la del exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, dibuja un panorama de presiones y favores.
Reyes, en su testimonio juramentado, afirmó que tuvo conocimiento sobre la entrega de «cupos indicativos» y señaló a Andrea Carolina Riveros, del Ministerio de Hacienda, como la persona encargada de poner en marcha esa metodología.
Según Reyes, los congresistas solicitaban cambios en las partidas presupuestales para que se asignaran a entidades que otorgarían contratos a contratistas cercanos a ellos.
El Presidente fue alertado en 2023:
¿Silencio cómplice?
Uno de los puntos más relevantes del expediente es la revelación de que el Presidente fue informado de estas prácticas.
Luis Carlos Reyes declaró ante la Corte que, en un consejo de ministros el 18 de diciembre de 2023, le manifestó al mandatario lo que sabía sobre los «cupos indicativos» y su funcionamiento en el Ministerio de Hacienda, entonces en cabeza de Ricardo Bonilla.
A pesar de esta advertencia, el Presidente no tomó acciones inmediatas, lo que genera serias preguntas sobre la responsabilidad del gobierno en el entramado de corrupción.
La declaración de Reyes fue corroborada por María Fernanda Valdés, exviceministra técnica del Minhacienda, quien afirmó que Reyes fue el único que habló de estos «cupos» en el alto gobierno.
El entramado de pruebas: Chats, videos y reuniones clandestinas
La investigación de la Corte Suprema se basa en pruebas contundentes, como chats, videos y registros de ingreso.
El expediente detalla la coordinación de dos reuniones clave entre funcionarios del gobierno y congresistas. La primera, un desayuno el 4 de octubre de 2023, donde se habría planteado la propuesta.
La segunda, una reunión el 31 de octubre en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, donde se concretó el acuerdo.
Los chats de la exasesora de Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, muestran la coordinación con congresistas como Wadith Manzur y Liliana Bitar, así como con el propio ministro.
La existencia de un «hilo conductor» entre estas reuniones, respaldada por registros de seguridad, es una de las pruebas más sólidas en contra de los implicados.
La Procuraduría, aunque se opuso a la medida de aseguramiento, aseguró que hay una «inferencia razonable de los hechos punibles».
Con dos altos funcionarios, Carlos Ramón González y César Manrique, prófugos de la justicia, el escándalo de la UNGRD continúa revelando un panorama sombrío de corrupción que llega hasta las más altas esferas del poder en Colombia.
¿Qué más podría salir a la luz en este expediente que sigue generando conmoción en el país?
Por: Ricardo Collazos.
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