El mitin del presidente Gustavo Petro en la Plaza de la Alpujarra de Medellín, el 21 de junio de 2025, desató una tormenta política al incluir a líderes criminales encarcelados, trasladados bajo una resolución presidencial.
Este evento ha avivado el debate sobre la legalidad y legitimidad de la «Paz Total», con críticas que la tildan de amenaza a la justicia y sospechas de cálculos electorales de cara a 2026.
Mientras el gobierno defiende su estrategia como un paso hacia la pacificación urbana, la oposición y gremios la condenan como una afrenta al Estado de derecho, intensificando las tensiones en un país polarizado.
El epicentro del escándalo: Líderes criminales en la plaza de la Alpujarra
El 21 de junio de 2025, la Plaza de la Alpujarra de Medellín se convirtió en el foco de una controversia nacional.
El mitin, presentado como un hito de la «Paz Total», sorprendió al país con la presencia de líderes de bandas criminales, trasladados desde la cárcel de Itagüí, un hecho que desató críticas por su impacto en la percepción de justicia y gobernabilidad.
Contexto: Presos de Itagüí en un mitin político
Entre los asistentes estaban figuras del crimen organizado como alias Tom, Douglas (José Leonardo Muñoz Martínez, líder de La Terraza), Pesebre, El Tigre, El Indio, Lindolfo, Grande pa, Pocho y Naranjo, vinculados a extorsión, narcotráfico y ejecuciones.
Su presencia, autorizada por la Resolución 094 de 2025, se destacó con un cartel que proclamaba “Douglas Aranjuez Te quiere (sic)”.
La resolución permitió la inclusión de estas figuras en una mesa de paz urbana, con el objetivo de “fortalecer” las discusiones de paz, pero su traslado a un evento público generó cuestionamientos legales y éticos.
Petro y la «Paz Urbana»: Un llamado controvertido
En su discurso, Petro defendió su visión de «Paz Urbana», afirmando que su gobierno “cuida más a la oposición que a sí mismo” y “no ordena matar en la oscuridad”. Llamó a un “cese total de la violencia” por parte de las bandas, destacando logros como la reducción de homicidios en Medellín (de 400 a 10 por 100.000 habitantes), aunque reconoció un reciente repunte.
Anunció una visita a la cárcel de Itagüí junto a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, para explorar beneficios jurídicos a cambio de la dejación de la violencia. Además, vinculó la paz a mejoras económicas, educación y arte para la juventud, instando al “pueblo trabajador” a organizarse sin temor, evocando el asesinato de 3.000 sindicalistas en el pasado.
Legitimación de criminales: ¿Paz o erosión del Estado de derecho?
La exhibición pública de líderes criminales en un mitin presidencial, respaldada por la Resolución 094, marca un giro polémico en la «Paz Total».
Aunque busca mostrar avances en la pacificación urbana, esta acción arriesga legitimar a criminales, difuminando la línea entre autoridad legítima y organizaciones delictivas.
Este enfoque podría debilitar la confianza en el Estado, especialmente si se percibe que los criminales son “premiados” en lugar de castigados.
A largo plazo, podría fomentar “órdenes políticos híbridos”, donde actores criminales ganan influencia informal, comprometiendo el Estado de derecho y enviando un mensaje ambiguo sobre la justicia.
Redefiniendo la Paz: La estrategia discursiva de Petro
Petro busca redefinir la paz y la justicia, alejándose de enfoques punitivos hacia un diálogo inclusivo.
Al destacar la reducción de homicidios y presentar su estrategia como una “política de la vida”, intenta contrarrestar las críticas de legitimación de criminales con un enfoque humanitario. Esta narrativa podría transformar la percepción pública de la paz, pero su ambigüedad genera riesgos de rechazo en sectores que priorizan la justicia tradicional.
Un país fracturado: Reacciones a la controversia
El mitin polarizó a Colombia, con defensores que elogian su audacia y críticos que lo ven como una traición a las víctimas.
Apoyo Gubernamental
El ministro Armando Benedetti defendió el evento, destacando la baja en homicidios y comparándolo con diálogos secretos de gobiernos pasados.
Petro afirmó estar “del lado del pueblo”, no de quienes perpetúan la violencia, presentando la «Paz Total» como un esfuerzo para desmantelar el crimen mediante inversión social.
Condena de la oposición y gremios
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el mitin como una “traición a las víctimas” y una “amenaza a la democracia”, denunciando amenazas de Douglas.
Carlos Fernando Galán, Andrés Julián Rendón, Asocapitales y la ANDI también condenaron el evento, considerándolo una afrenta a la justicia.
Álvaro Uribe vinculó el mitin con el intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay, acusando a Petro de glorificar criminales.
Incluso la senadora Andrea Padilla expresó reparos, señalando un clima de desconfianza.
Polarización y riesgo de violencia política
El evento ha profundizado la polarización, transformando la «Paz Total» en un símbolo de división.
La exhibición pública de criminales, en lugar de negociaciones discretas, choca con la concepción tradicional de justicia, generando acusaciones de extralimitación ejecutiva.
Las amenazas contra Gutiérrez sugieren un riesgo de escalada en la violencia política de cara a 2026, erosionando la confianza en las instituciones.
Legalidad en tela de juicio: La Resolución 094
La Resolución 094 permitió el traslado de presos, pero su base legal es ambigua, ya que no hay claridad sobre su cumplimiento con el Código Penitenciario (Ley 65 de 1993), que regula traslados por motivos específicos como salud o seguridad. La falta de un marco legal claro para la «Paz Total» con bandas criminales, sumada a la insistencia de la Fiscal General en la necesidad de legislación adicional, sugiere una posible extralimitación ejecutiva.
Esto podría derivar en impugnaciones judiciales y tensiones institucionales.
La Escombrera: Memoria Histórica como arma política
Petro también abordó el tema de La Escombrera, un sitio en la Comuna 13 ligado a desapariciones forzadas durante la Operación Orión (2002).
Los hallazgos de la JEP en 2024, que confirman fosas comunes, validan denuncias históricas.
Petro, evocando su rol como congresista denunciante, preguntó: “¿Es esto lo que querían ocultar?”, sugiriendo un encubrimiento pasado.
Aunque no busca explícitamente juicios contra figuras como Uribe o Fajardo, esta mención reaviva el debate sobre responsabilidades históricas, fortaleciendo la narrativa de Petro como defensor de la verdad, pero también intensificando la confrontación política con sus opositores.
«Paz Total» y 2026: ¿Idealismo o Cálculo Político?
La «Paz Total» enfrenta retos significativos: fragmentación de grupos armados, parálisis legislativa y un aumento en extorsión (15%) y secuestros (77%). A pesar de logros como la reducción de homicidios en Medellín y treguas en Quibdó y Buenaventura, los retrocesos, como el colapso de ceses al fuego, cuestionan su eficacia.
Con las elecciones de 2026 a la vista, la estrategia pública de Petro, incluyendo el mitin, parece buscar capital político, pero arriesga alienar a un electorado urbano crítico.
La ambigüedad entre humanitarismo y táctica electoral podría convertir la «Paz Total» en un lastre político si se percibe como una legitimación de criminales.
Conclusión: Una apuesta de alto riesgo
El mitin de la Alpujarra expone la complejidad de la «Paz Total»: un esfuerzo humanitario por reducir la violencia, pero también una jugada política arriesgada.
La presencia de criminales y la mención de La Escombrera buscan consolidar un legado de justicia y paz, pero han profundizado la polarización y las dudas sobre la legalidad.
Con 2026 en el horizonte, el éxito o fracaso de esta política definirá no solo el futuro de Petro, sino el rumbo político y social de Colombia.
Por: Ricardo Collazos.
