El presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de convocar una nueva consulta popular con el objetivo de reducir los precios de los medicamentos en Colombia.
Sin embargo, expertos del sector salud argumentan que el gobierno ya posee las herramientas legales para regular estos precios, cuestionando la necesidad y utilidad de tal consulta.
Tras el revés sufrido en el Senado con su anterior propuesta de consulta popular, el presidente Gustavo Petro ha redoblado su apuesta por intervenir en el sistema de salud, esta vez centrando su atención en el alto costo de los medicamentos.
A través de sus redes sociales, el mandatario propuso una nueva consulta con una pregunta directa: «¿Que baje el precio de los medicamentos en el país y permita al Estado comprar y producir los medicamentos esenciales y los destinados a tratar las principales enfermedades que padecen las personas?».
Esta propuesta, sin embargo, ha generado escepticismo entre los expertos del sector salud. Alejandro Gaviria, exministro de Salud y figura clave en la regulación de precios durante su gestión, calificó la iniciativa como «carente de sentido desde el punto de vista normativo».
Gaviria enfatizó que el marco legal vigente ya otorga al gobierno la facultad de regular precios y producir medicamentos, señalando que el verdadero problema radica en la «entrega de medicamentos», un síntoma, según él, del «colapso del sistema de salud».
Augusto Galán Sarmiento, otro exministro de Salud, coincide con Gaviria, afirmando que «el presidente no necesita una consulta para regular los precios de los medicamentos ni para bajarlos».
Ambos expertos subrayan la importancia de aplicar criterios técnicos y rigurosos en la regulación de precios, advirtiendo sobre el riesgo de desabastecimiento si se fijan valores arbitrarios.
Gaviria explicó que la regulación debe basarse en herramientas como el referenciamiento internacional y el análisis de concentración de mercado, utilizando el índice Herfindahl-Hirschman para determinar la regularidad de un medicamento.
Además, destacó que entre 2013 y 2018 se realizaron cuatro rondas de control de precios que generaron ahorros significativos para el sistema de salud.
Galán, por su parte, señaló la importancia de mecanismos como las compras centralizadas y el fomento del uso de genéricos para reducir los precios.
No obstante, advirtió sobre el desafío que representan los medicamentos innovadores o de marca, protegidos por patentes, cuya regulación debe buscar un equilibrio para no desincentivar la innovación.
Ignacio Gaitán, director de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (AFIDRO), se sumó a las voces críticas, señalando que temas como el precio y la producción nacional de medicamentos requieren un enfoque técnico y la participación de expertos, en lugar de una simple pregunta de «sí» o «no» en una consulta popular.
Además, el presidente Petro ha vuelto a denunciar el «acaparamiento» de medicamentos, generando controversia con el gremio Fenalco, que representa a Audifarma. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, cuestionó las declaraciones del mandatario, calificándolas de «desconocimiento del funcionamiento del sistema de salud».
Augusto Galán también refutó las acusaciones de acaparamiento, señalando que el Invima realiza un seguimiento continuo al desabastecimiento y que los casos reportados suelen deberse a dinámicas normales del mercado.
En conclusión, mientras el debate político sobre la nueva propuesta de consulta popular continúa, los expertos coinciden en que el camino a seguir es técnico: actualizar y aplicar con rigor la política de regulación de precios, especialmente ante la constante entrada de nuevas moléculas al mercado colombiano.
Por: Ricardo Collazos
