
El Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dio a conocer que el próximo 20 de julio radicará en el Congreso el estatuto que desarrollará integralmente la política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Este instrumento jurídico contemplará dos pilares esenciales: Un marco legal para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y otro para facilitar la desmovilización de grupos insurgentes bajo criterios de justicia, verdad y reparación.
El ministro fue enfático: “No habrá impunidad para ningún grupo. Este no será un proceso de perdón ciego, sino de equilibrio entre paz y justicia. Se buscará armonizar el derecho de las víctimas con el derecho colectivo a vivir en un país sin violencia, en un modelo que combine la firmeza del Estado con la posibilidad del diálogo. Como dijo el ex presidente Virgilio Barco, mano tendida, pero con pulso firme”, señaló el jefe de la cartera de Justicia.
El funcionario, que también lideró una reunión con el equipo de paz del gobierno, encabezado por María Paz Lara, comisionada de Paz encargada, anunció igualmente una agenda de reforma a la justicia estructural que no se impondrá desde las altas esferas, sino que se construirá de la mano de sindicatos, asociaciones de jueces, fiscales y funcionarios. “No será una reforma desde la cúspide hacia abajo, sino desde las bases hacia la cúspide”.
La reforma no se centrará únicamente en la justicia penal. También buscará fortalecer la justicia civil, de familia, comercial y arbitral, esta última marcada por denuncias de corrupción que el Ministerio se compromete a enfrentar con decisión. La prioridad será clara: Una justicia al servicio de la paz total, indicó.
Por último, el ministro aseguró que se avanzará en dos procesos: Uno con grupos criminales organizados y otro con nuevos grupos insurgentes. Además, anunció que se fortalecerán instituciones como la Justicia Especial para la Paz (JEP), con una visión de renovación, y que se concederán extradiciones como lo solicitan los gobiernos extranjeros, pero que quienes se comprometan con la paz tendrán la posibilidad de que se suspenda su envío. “Este no es un proyecto partidista, es un proyecto por la paz de Colombia”, agregó Montealegre Lynett.