César Carrión, Presidencia de Colombia
Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, una reciente encuesta arroja cifras «esperanzadoras» que sugieren un respaldo masivo a este mecanismo democrático.
Con 15 millones de votos potenciales y un apoyo del 53% a la convocatoria, ¿estamos a las puertas de una decisión histórica para los trabajadores del país?
En una intervención en el programa La Agenda de la Presidencia, el ministro Sanguino no ocultó su optimismo ante los resultados del sondeo de Cifras y Conceptos.
El dato clave: Un 37% de los encuestados se mostró dispuesto a votar, lo que se traduce en la impresionante cifra de 15 millones de colombianos listos para expresar su opinión.
Votación arrolladora por el SÍ: ¿Un mandato ciudadano en amino?
Las proyecciones del ministro van aún más allá.
Según la misma encuesta, entre el 75% y el 90% de quienes participarían en la consulta votarían por el SÍ.
Esta contundente mayoría, de confirmarse en las urnas, no solo garantizaría el umbral necesario para la validez de la consulta, sino que enviaría un mensaje inequívoco sobre el sentir de la ciudadanía en materia laboral.
Formalización laboral: La deuda histórica con artistas, madres comunitarias y más
Uno de los puntos centrales de la posible consulta popular es la formalización laboral de sectores históricamente desprotegidos, como artistas, músicos, artesanos, deportistas, madres comunitarias y periodistas.
El ministro Sanguino recordó la alarmante cifra de informalidad laboral en Colombia, que alcanza el 56%.
El caso de las más de 60.000 madres comunitarias es particularmente sensible.
Sanguino denunció que reciben «aportes muy ínfimos» y se les niega su condición de trabajadoras por su formación empírica.
La pregunta número 10 de la consulta popular busca precisamente revertir esta situación, exigiendo su formalización, la garantía de seguridad social y el derecho a una pensión digna.
Financiamiento de la democracia: ¿Un obstáculo o una prioridad?
El ministro también abordó el tema del financiamiento de la consulta popular, que recaería en el presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Si bien reconoce la necesidad de dialogar con la entidad para asegurar la disponibilidad de recursos, Sanguino fue enfático en señalar que «por razones presupuestales no podemos ejercer la democracia».
¿Debe el Estado priorizar la voz del pueblo por encima de las limitaciones económicas?
En un tono contundente, el ministro comparó la posible consulta con otros mecanismos de participación ciudadana que sí contaron con financiación en el pasado, como el referendo de Uribe, el plebiscito de Santos y la consulta anticorrupción.
Su mensaje es claro: Negar la consulta por falta de recursos sería «ponerle mordaza a la gente» y permitir que una reforma laboral crucial quede en manos de unos pocos congresistas.
