El presidente Gustavo Petro ha lanzado una acusación contundente, según se desprende de un reciente comunicado de prensa de la Presidencia de la República: Sus intervenciones están siendo objeto de «censura» en Colombia.
En dicho comunicado, el mandatario denuncia que el espectro electromagnético, vital para la comunicación, no está en manos de la nación, sino de «los dos grupos financieros más poderosos del país».
¿Estamos ante un ataque a la libertad de expresión presidencial o una legítima disputa por el control de la información, según lo que el mismo gobierno comunica?
El comunicado presidencial afirma que el objetivo de esta supuesta censura es «silenciar» y «desaparecer» su voz, así como la del Consejo de Ministros.
Según el presidente, se está intentando subvertir el mandato constitucional que establece que el poder reside en el pueblo, al impedir que su mensaje llegue a los colombianos.
¿Es esta una acusación sin precedentes en la historia política del país, y qué implicaciones tiene que sea el mismo gobierno quien lo exprese?
El comunicado presidencial cita el discurso del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en la Plaza de Bolívar, como ejemplo de esta supuesta censura.
Según el mandatario, esta alocución presidencial fue «censurada» por un «órgano administrativo que se ha convertido en un tribunal censurador». Petro argumenta que este órgano decide «cuándo puede hablar, cuándo no, qué tiempos y qué decir», comparando esta situación con las prácticas del fascismo.
¿Es esta comparación una exageración, o una denuncia legítima de un ataque a la democracia, tal como lo expresa el comunicado?
El debate sobre el espectro electromagnético, según Presidencia
La acusación central del presidente Petro, según el comunicado, gira en torno al control del espectro electromagnético.
Según el mandatario, este recurso, que debería ser de la nación según la Constitución, está en manos de grupos privados poderosos.
Esta afirmación plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en la distribución de la información en Colombia.
¿Debería el Estado tener un mayor control sobre el espectro electromagnético para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, tal como lo plantea el mismo gobierno en su comunicado?
La voz de 11.5 millones: ¿Un mandato silenciado, según el gobierno?
El comunicado presidencial concluye afirmando que la supuesta censura no solo afecta su voz, sino también la de los 11.5 millones de colombianos que lo eligieron como mandatario.
Las acusaciones del presidente Petro, tal como las presenta su propio gobierno, plantean interrogantes fundamentales sobre la libertad de expresión, el control de la información y el equilibrio de poderes en Colombia.
Por: Ricardo Collazos.
