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Juez dejó en libertad al novio de la directora del ICBF por falta de pruebas de la Fiscalía

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Cristina Plazas / directora del ICBF

El juez 21 penal municipal de control de garantías dejó en libertad al empresario Eduardo Benavides, investigado por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Para el juez, la Fiscalía no justificó ni presentó los suficientes argumentos del por qué el empresario debía ser enviado a la cárcel.

El abogado defensor de Eduardo Benavidez, Jesús Albeiro Yepes, dijo que la captura fue innecesaria para hacer una audiencia de imputación de cargos, ya que habría sido suficiente con citarlo.

“El doctor Eduardo José no tiene nada que ver en los hechos que son materia de investigación de una hacienda ubicada en Zambrano (Bolívar) y que era del narcotraficante Mickey Ramírez”, expresó el abogado Yepes.

Agregó que “la familia Benavides ha asumido con absoluto respeto, decoro y acatamiento el llamado de la justicia y así estarán hasta último momento”.

El jurista explicó que los hechos materia de investigación tienen que ver con el presunto narcotraficante Mickey Ramírez, quien tenía una finca y constituyó una hipoteca con la cual no cumplió con sus obligaciones, por lo que el banco inició un proceso ejecutivo y, pasado el tiempo, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio contra los bienes de este hombre.

De igual forma explicó que los jueces determinaron que había que pagar o reconocer el crédito hipotecario al banco y si quedaba algo pasaría a manos del Estado.

“Lo que ocurrió fue que el crédito finalmente fue de un valor superior al de la finca y lo compraron terceros, los cuales le exigieron a la Dirección Nacional de Estupefacientes que les pagara como lo ordenó un juez, pero esta entidad estableció que valía menos el bien de lo que estaban reclamando por el crédito hipotecario, en cuyo caso, Estupefacientes no podía pagar ese dinero porque el bien tiene un valor inferior”, manifestó Jesús Albeiro Yepes.

Agregó que el banco vendió el predio por 1.200 millones de pesos, luego la Dirección de Antinarcóticos lo escrituró por 2.400 millones de pesos que es lo que un avaluó determinó que valía y luego la empresa que compró lo volvió a escriturar por 1.200 millones de pesos.

“Cualquier persona que tenga conocimiento de lo que son los negocios privados, donde las personas escrituran según avalúos catastrales o según otros valores y que en cambio las entidades del Estado no pueden hacer eso, entenderá fácil que no hay en eso ningún tipo de manipulación o de un medio para ocultar una realidad”, dijo el abogado.

Por último la defensa de Eduardo Benavides consideró que el mismo juzgado civil que adelantó el proceso civil hipotecario contra la hacienda Jesús del Río, pudo rematar ese bien y entregarlo en dación de pago a los particulares, “con lo cual se habría evitado todo este problema”.

Por: RCNRADIO

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