Las decisiones institucionales sobre la erradicación de cultivos ilícitos suelen implicar consideraciones de seguridad pública, gestión ambiental y derechos humanos. En marzo de 2021, el Gobierno colombiano rechazó un llamamiento urgente de las Naciones Unidas sobre la posible reanudación de la fumigación aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos. El llamamiento había advertido sobre los posibles efectos en las comunidades expuestas a esta práctica.
La respuesta del Gobierno se envió mediante una carta firmada por la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía Hernández. El documento estaba dirigido a Beatriz Balbin, jefa de la Subdivisión de Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En la carta, el Gobierno afirmó que el llamamiento urgente no cumplía los requisitos establecidos en el código de conducta que rige el mandato de los procedimientos especiales.
Posición de la ONU
El llamamiento había sido presentado por siete relatores de las Naciones Unidas en diciembre de 2020. En su comunicación expresaban su preocupación por la posible reanudación del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la fumigación aérea con glifosato. Las preocupaciones se centraban en las posibles implicaciones para los derechos humanos y el medio ambiente.
Los principales puntos planteados en la comunicación de la ONU:
- Preocupación por la intención de reanudar la fumigación aérea con glifosato;
- Referencia a los posibles efectos sobre los derechos humanos y el medio ambiente;
- Atención a las comunidades afectadas por las actividades de erradicación;
- Referencia a las condiciones establecidas por la Corte Constitucional de Colombia;
- Preocupación por la compatibilidad de la decisión con las obligaciones internacionales.
Esta posición situaba la cuestión en el marco de la vigilancia de los derechos humanos. Los relatores de la ONU solicitaron que se prestara atención a las posibles consecuencias del programa y a las condiciones en las que se aplicaría cualquier decisión sobre la fumigación aérea.
Respuesta del Gobierno
El Gobierno colombiano rechazó el llamamiento urgente y afirmó que los procedimientos especiales habían emitido conclusiones sin fundamentos suficientes. La respuesta también argumentaba que el llamamiento contenía suposiciones sobre la decisión del Gobierno antes de que se hubiera completado el proceso nacional correspondiente. Según la carta, Colombia no proporcionaría comentarios adicionales más allá de los puntos ya expuestos.
La respuesta del Gobierno incluía varios argumentos de procedimiento:
- Los llamamientos urgentes solo se aplican en situaciones que requieren una acción inmediata;
- Dichas situaciones deben implicar la pérdida de vidas, circunstancias que pongan en peligro la vida o amenazas graves y continuadas;
- El Gobierno consideró que el caso no cumplía esas condiciones;
- Se describió el llamamiento como incompatible con el código de conducta de los procedimientos especiales;
La carta también citaba el artículo 10 del código de conducta de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Según la interpretación del Gobierno, los llamamientos urgentes solo son apropiados cuando el asunto no puede abordarse a tiempo mediante otro procedimiento. Por lo tanto, la respuesta se centró en la validez procesal y en los límites del mecanismo de llamamiento urgente.
Contexto del debate
El debate tuvo lugar en el contexto de la política colombiana de erradicación de cultivos ilícitos. La fumigación aérea con glifosato había sido objeto de debate jurídico, medioambiental y de salud pública durante varios años. En este caso, el intercambio de 2021 puso de manifiesto la existencia de posiciones institucionales divergentes entre los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y el Gobierno colombiano.
El Gobierno declaró que rechazaba el llamamiento urgente porque consideraba que la comunicación era insuficiente desde el punto de vista procedimental. Los relatores de las Naciones Unidas habían advertido sobre las posibles implicaciones para las comunidades afectadas. El caso siguió formando parte del debate nacional más amplio sobre los métodos de erradicación, los requisitos institucionales y el papel de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
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