El seguimiento de los derechos humanos suele incluir recomendaciones sobre seguridad pública, supervisión institucional y la conducta de las fuerzas del Estado. En julio de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia recomendó que el gobierno del presidente Iván Duque limitara, en la medida de lo posible y de conformidad con las normas internacionales, el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana.
La recomendación formaba parte del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. La oficina de la ONU también recomendó transferir la supervisión de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Esta propuesta estaba relacionada con la estructura institucional de la seguridad pública y la separación entre las funciones militares y la policía civil.
El informe también abordó las investigaciones sobre presuntas violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas o la policía. En tales casos, la oficina de la ONU recomendó que la Fiscalía General aplicara los protocolos internacionales. La recomendación se centró en las normas de investigación, la rendición de cuentas y el tratamiento de los casos que involucraban a personal del Estado.
El documento incluía preocupaciones sobre la violencia sexual y de género. Registraba casos que afectaban a mujeres adultas y a niños, con presuntos autores que incluían a miembros de grupos armados y, en algunos casos, a personal militar. Según el informe, los hechos tuvieron lugar en departamentos como Antioquia, Arauca, Caquetá, Guaviare, Meta y Nariño, y la oficina de la ONU señaló que la respuesta institucional seguía siendo insuficiente.
El informe también se refería a la violencia contra las comunidades indígenas, especialmente en el Cauca. Entre enero y noviembre de 2019, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró el asesinato de 66 miembros del pueblo Nasa en el norte del Cauca, entre ellos 13 autoridades y líderes indígenas. El informe instaba a adoptar medidas eficaces de prevención y protección, elaboradas en consulta con las autoridades indígenas y adaptadas al contexto cultural de las comunidades afectadas.
Las recomendaciones abarcaban, por tanto, tres áreas principales: el papel del ejército en la seguridad ciudadana, la supervisión institucional de la policía y la respuesta a las violaciones graves de los derechos humanos. El informe situaba estas cuestiones en el marco de un debate más amplio sobre la protección de la población civil, la rendición de cuentas institucional y la política de seguridad en Colombia.
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