El reconocimiento legal de la identidad de género supuso un importante cambio institucional en Chile a finales de 2019. El primer día de aplicación de la nueva ley de identidad de género, al menos 136 personas iniciaron o completaron el proceso oficial para cambiar su género registrado. La ley entró en vigor tras varios años de debate en el Congreso y estableció un procedimiento formal para las personas cuya identidad de género no se correspondía con el sexo registrado al nacer.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, declaró que se esperaba que 136 personas en todo Chile completaran el procedimiento ese día. En los días siguientes, otras 921 personas ya se habían inscrito para iniciar el proceso. Estas cifras pusieron de manifiesto la demanda inmediata de un mecanismo legal que había sido solicitado durante años por organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad LGBTI.
Procedimiento legal principal
La ley permite a los adultos mayores de 18 años cambiar su indicador de género legal mediante un procedimiento administrativo. La persona debe presentarse ante el Registro Civil con dos testigos, y el proceso dura aproximadamente 40 días. Este mecanismo sustituyó a vías legales más complejas y creó una ruta más clara para el reconocimiento oficial.
Para las personas de entre 14 y 18 años, el proceso requiere la autorización de los padres o tutores legales. La solicitud también debe presentarse ante un juez de familia, quien revisa el caso y decide si lo aprueba. En estos casos, los solicitantes deben proporcionar información sobre su situación psicosocial y familiar.
Primeras solicitudes
Según el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Paula Dinamarca y Alejandro Berríos se encontraban entre las primeras personas en solicitar el cambio de nombre y de género en el registro civil. La organización acogió con satisfacción la aplicación de la ley, aunque señaló que la normativa no incluía a los niños transgénero menores de 14 años.
La ley se aprobó en 2018 tras cinco años de debate en el Congreso. Su entrada en vigor en 2019 creó un nuevo marco jurídico para el reconocimiento de la identidad de género en Chile. Las primeras solicitudes marcaron el inicio de un proceso formal destinado a dar efecto legal a la identidad personal, la documentación y el registro civil.
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